Ciudadanos

"Acebes prisión por negligencia criminal; Aznar proceso por el Tribunal Internacional de la Haya".

Penitencia.

Hoy, los curas tienen trabajo extra: los Pperos y manifestantes de ayer están acudiendo a las iglesias para ser perdonados, por los acólitos de Rouco, de sus pecados de: "injurias y mentiras".
Con alguna penitencia, quedarán redimidos hasta la próxima. Dios, salve a Rajoy.

MENTIROSOS

Ante las mentiras de ACEBES. Documentos Notas informativas del ministerio del Interior en la época en que Mayor Oreja era titular de la cartera. En la primera, del 8 de diciembre de 1997, se especifican los "principios básicos" del Gobierno en política penitenciaria, entre otros el del "acercamiento individualizado". En la segunda nota (cuarta página) se especifica el traslado de José Ignacio de Juana Chaos de la cárcel de Melilla a Puerto-I, siete meses después de que escribiera una instancia pidiendo champán y langostinos para celebrar el asesinato a manos de ETA del concejal de UPN Tomás Caballero.

Gesto por la Paz

Nota de Prensa de “Gesto por la Paz”, ante la utilización del Lazo Azul por la ultraderecha española.

Ante la propuesta de utilización del lazo azul, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea realizar el siguiente comunicado:

1. El lazo azul surgió en 1993 de la mano de cuatro organizaciones pacifistas como respuesta al secuestro de Julio Iglesias Zamora. Ya en su presentación, se explicó que era un símbolo que se ofrecía a la ciudadanía para que, de forma unitaria, lo portaran todos los demócratas frente a quienes vulneraban continuamente los derecho del resto de ciudadanos; esto es, era un símbolo contra ETA. Este lazo con la forma de A, de ASKATU, libertad, lo volvimos a utilizar durante el periodo de secuestros de José María Aldaia, José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux y, también, durante el secuestro de Miguel Angel Blanco. Siempre ligado a secuestros, ha sido un símbolo unitario de libertad frente a ETA.

2. Consideramos que, en este contexto, aspectos fundamentales del significado del lazo -símbolo unitario, que se utilizó contra ETA y con el que se reclamó la libertad- no figuran en la actual propuesta para su utilización, por lo que resulta incomprensible que se haya elegido este símbolo.

3. En este sentido, deseamos pedir un mínimo de sensatez, calma y cordura a quienes, ante el gravísimo problema del terrorismo, en lugar de dirigir su lucha contra la responsable de la existencia de dicho problema, ETA, lo hacen contra sus adversarios políticos. Las discrepancias en política son absolutamente legítimas, pero la experiencia nos ha demostrado que la utilización de la política antiterrorista como arma arrojadiza entre los partidos ha tenido consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad. Debemos ser conscientes y asumirlo que la desunión de los demócratas ante la lacra del terrorismo sólo beneficia a quienes aún no han renunciado a asesinar por unos supuestos objetivos políticos. Por otra parte, la crispación en torno a la política antiterrorista está confundiendo a la sociedad.

4. Para terminar, confirmamos que Gesto por la Paz no tiene la patente de este símbolo. Sin embargo, por respeto a lo que significó, al compromiso de la ciudadanía con la consecución de la paz, al esfuerzo personal de miles de personas que sufrieron amenazas, agresiones, etc. por portar aquel símbolo de libertad frente a ETA, solicitamos respeto hacia el lazo azul y su no utilización para protagonizar campañas de fines muy distintos para el que fue creado.

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA

Peones negros

La extrema derecha se retrata.

Acusado de 86 violaciones a menores

http://www.voltairenet.org/article145604.html

CARNAVAL EN CHICLANA

Estos son los que animan el carnaval.

SEPTIMA DECLARACION

POR UNA SOCIEDAD Y UNA ESCUELA LAICA: RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA

SÉPTIMA DECLARACIÓN, FEBRERO DE 2007

En enero de 2004 diversas organizaciones iniciamos la campaña “Por una sociedad laica: la religión fuera de la escuela”, con el objetivo de responder a la provocación de la LOCE, una ley del Partido Popular, que potenciaba el adoctrinamiento religioso en el sistema educativo, así como la enseñanza concertada católica.

El actual Gobierno del PSOE paralizó la LOCE, significando una actitud esperanzadora, ya que congelaba medidas regresivas que la LOCE pretendía impulsar. Sin embargo, unos meses después, presentó el borrador de anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que seguía legitimando la religión en el horario lectivo y reforzaba el papel de los catequistas.

Una vez aprobada la LOE en el Parlamento y desarrolladas las enseñanzas mínimas en las distintas etapa educativas, basándose, una vez más, en los Acuerdos con la Santa Sede, se mantiene la enseñanza de la religión católica (y de otras religiones) en los centros educativos. Lo que seguirá generando segregación y discriminación. Al mismo tiempo que presuntamente se vulneran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución española, en lo referente a la libertad de pensamiento y conciencia, a que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia y a la no confesionalidad del Estado.

La LOE genera confusión entre la escuela publica y la escuela privada, poniendo al mismo nivel ambas redes, lo que significa avanzar en la privatización del sistema educativo y eso conlleva dar más poder a las congregaciones religiosas que detentan cerca del 80% de los colegios concertados. Además, la Ley no impide la segregación por sexos en los centros financiados con fondos públicos, cuestión, ésta, de gran calado religioso. Sin embargo se admite en los centros escolares un adoctrinamiento religioso que, en ocasiones, vulneran derechos y principios de igualdad entre sexos, etc.

Hacemos un llamamiento a la sociedad y a la comunidad educativa para que se movilice y exija a los poderes públicos y a los partidos políticos una rectificación, con el fin de avanzar hacia un modelo de escuela pública laica, integradora y democrática. Las organizaciones que apoyamos esta campaña reafirmamos que el adoctrinamiento religioso debe de quedar fuera del currículo escolar.

Abogamos por un modelo de escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto los no creyentes, como los creyentes. Los niños y niñas, en la escuela, no pueden ser segregados en función de las creencias o convicciones morales de sus familias. No podemos aceptar que a las familias se les pregunte por sus creencias religiosas, como expresan los reales decretos de enseñanzas mínimas. No podemos permitir que se obligue al alumnado que no quiere recibir enseñanzas de religión a adaptarse al horario y exigencias de quienes desean seguir imponiendo esas enseñanzas en el horario lectivo, amparándose en acuerdos de clara inconstitucionalidad, por ello la única posibilidad, con el fin de respetar los derechos de todos y todas, es que la religión salga del horario lectivo obligatorio.

No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede (1976 y 1979) sean el muro insalvable para avanzar hacia la escuela laica. Exigimos su derogación. Tampoco existe mandato constitucional alguno por el que la escuela deba garantizar el adoctrinamiento religioso. La historia crítica de las religiones y el hecho religioso y no religioso ha de estudiarse incorporado al currículo general y para todo el alumnado.

Las organizaciones que firmamos esta declaración estamos impulsando, desde enero de 2004, una campaña, de ámbito estatal, con el fin de que la religión salga de la escuela y se profundice en el laicismo escolar y en la escuela pública. Llamamos a la movilización activa y a la información centro a centro, como primera medida para conseguir este objetivo. También algunas organizaciones que suscriben la Campaña han procedido a interponer los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo, en impugnación de la disposición adicional segunda de la LOE y su desarrollo de enseñanzas mínimas en educación infantil, primaria y secundaria.

EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DE LOS ACUERDOS CON EL VATICANO, QUE LA RELIGIÓN SALGA FUERA DEL CURRÍCULO ESCOLAR COMÚN, QUE NINGUNA SIMBOLOGÍA RELIGIOSA TENGA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS ESCOLARES Y QUE CON DINERO PÚBLICO NO SE PAGUE EL ADOCTRINAMIETO RELIGIOSO

SÍ A UNA ENSEÑANZA CIENTÍFICA Y HUMANISTA, QUE PROPICIE UNA EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD, QUE DEFIENDA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE CONCIENCIA Y QUE EDUQUE EN VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE CIUDADANÍA

ORGANIZACIONES ESTATALES Y TERRITORIALES QUE SUSCRIBEN ESTA SEXTA DECLARACIÓN

Europa Laica / CEAPA / STES-I / Sindicato de Estudiantes / IU / CGT / Confederación Estatal de MRPS / ATEUS de Cataluña / Federación Estatal de Gays y Lesbianas / SOS Racismo / PCE / Juventudes Comunistas / Izquierda Republicana / Unidad Cívica por la República / Foro por la Educación Pública / Los Verdes / Liberación – Amanta / Foro Por Otra Escuela / Lliga per la Laïcitat de Catalunya (12 organizaciones sociales y sindicales) / Andalucía Laica / Granada Laica / Asociación de Maestros Rosa Sensat / Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica / Asociación Galileo de Úbeda / Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid / Asociación Escuela Laica de Albacete / Fundación Escuela Pública de Zaragoza / Colectivo Escuela Laica de Zaragoza / Foro Ciudadano de la Región de Murcia / Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid / Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid / Club de Amigos de la UNESCO de Madrid / No nos Resignamos / Asociación Manuel Azaña / Plataforma Cultura contra la Guerra / Más Democracia / Espacio Alternativo / USTEC-STEs / Intersindical Alternativa Catalana (IAC) / Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias) / Asociación REDES de Sevilla /Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid / FIDA-Federación Internacional de Ateos / Cullera Laica / Uniónn de Republicanos de La Isla. San Fernando. Cádiz /

Algunas de las personalidades que la suscriben

Rosa Regás, escritora / Almudena Grandes, escritora / José Luis Sampedro, escritor / /Maruja Torres, periodista y escritora. / Lucía Etxebarría, escritora. / Vicente Aranda, director de cine / Lucía Alvarez, actriz, entre otras muchas que se han venido sumando a la Campaña, desde la primera Declaración

Fé

Sin fe, ni fu ni fa

FERNANDO SAVATER 01/03/2007 EL PAIS

A menudo, las indignaciones o escándalos de nuestra sociedad recuerdan bastante a los caprichos apasionados de la multitud en el circo romano. Por ejemplo, el pataleo suscitado porque una agraciada señora que se presenta a un concurso de belleza (ocasión paradigmáticamente machista) sea tratada, oh sorpresa, de modo paradigmáticamente machista al discriminarla por su maternidad.Eso es como ir al campo de fútbol y luego protestar ante el griterío porque levanta dolor de cabeza (no quiero dar ideas pero ¿acaso los propensos a la jaqueca no tienen derecho a frecuentar los estadios? Interesante problema jurídico). De parecido tenor me parece -dejando aparte pormenores del derecho laboral que conozco poco- la irritación suscitada porque el obispo correspondiente haya cesado a una profesora de religión que convive con quien quiere y como quiere. Precisamente la doctrina que ella está profesionalmente obligada a enseñar prohíbe tal libertad de costumbres. De hecho, la Iglesia para cuya propaganda ha sido elegida -a costes pagados por el Estado, eso sí- ha tenido a lo largo de los siglos y aún quisiera retener dentro de lo posible el ordenamiento por medio de premios y castigos (algunos sobrenaturales y otros no tanto) de la vida privada de los ciudadanos. No puede por tanto extrañar que trate al menos de controlar a quienes hablan en su nombre y según su nombramiento, ya que el resto de la sociedad parece estar cada vez menos por la labor. Sería sorprendente que los obispos eligieran para transmitir su reglamento teocrático a los jóvenes a quienes tienen ideas parecidas a las de los jóvenes y no a las suyas.

El caso suscita interesantes reflexiones sobre la evidente impropiedad de mantener una asignatura confesional -sea obligatoria, voluntaria o mediopensionista- en la enseñanza pública. En un artículo aparecido como es lógico en Abc ("Profesores de religión", 24-2-2007), Juan Manuel de Prada compara el caso de la profesora expulsada con el de un militar que, tras haberse graduado en la academia con calificaciones sobresalientes, se negara a ir al campo de batalla alegando convicciones pacifistas. Según Prada, nadie se escandalizaría de que fuese destituido puesto que "profesar la milicia y negarse a empuñar un arma son circunstancias incompatibles". En este último punto, desde luego, es imposible no estar de acuerdo con él. Pero el símil plantea cuestiones inquietantes. A ningún profesor de geografía se le puede echar de su plaza por ser remiso a viajar, a ningún profesor de literatura se le cesa por preferir leer El Código da Vinci a En busca del tiempo perdido y ni siquiera son privados de su doctorado tantos médicos destacados que fuman, beben y perjudican alegremente su salud como si la ministra Elena Salgado no hubiera venido jamás a nublar nuestras vidas. En cambio, a la profesora de religión amancebada -perdonen el término anticuado, tan barojiano- se la pone de patitas en la calle... sin que el Tribunal Constitucional logre presentar objeción válida. ¿Cómo puede ser eso? Pues lo explica Prada muy clarito: "Siendo la asignatura de religión de naturaleza confesional, nada parece más justo que exigir a quienes la transmiten una coherencia entre las enseñanzas que transmiten y su testimonio vital, (...) que exigir a los docentes que prediquen con el ejemplo y profesen efectivamente y no sólo de boquilla la fe que se disponen a transmitir". Sigue teniendo razón desde su perspectiva, aunque precisamente sea esa perspectiva la que nos plantea problemas a quienes deseamos una educación pública digna de tal nombre y por tanto inevitablemente laica.

Veamos: para empezar hay que hablar con propiedad. No estamos refiriéndonos a los profesores de religión en abstracto, de historia de las religiones o de creencias religiosas comparadas, ni siquiera a docentes que enseñen los principios del cristianismo y sus múltiples variedades instituidas, sino a personas designadas por las autoridades eclesiásticas para impartir doctrina católica con más o menos adornos. No es una asignatura relacionada con el conocimiento sino con la devoción. De ahí que -a diferencia de lo que ocurre en las materias de sustancia científica- se pida militancia a quienes la imparten, como bien subraya Juan Manuel de Prada: los profesores de catolicismo deben ser mitad monjes y mitad soldados, para utilizar otra expresión antañona. Lo que importa no es la autenticidad de lo enseñado (me temo que bastante discutible) sino la autenticidad de la fe con que se enseña. Se trata no de saber sino de creer o de aprender lo que hay que creer y a qué principios se debe obediencia. Es la fe quien mueve toda esta montaña pedagógica. De aquí también la dificultad intrínseca de evaluar semejante materia como las demás. Para ser rigurosos y coherentes con lo que se exige a los docentes, deberían puntuarse las buenas obras de los alumnos y su entrega piadosa al culto divino, no las respuestas a ningún tipo de cuestionario. Lospecados veniales restarían puntos y tres pecados mortales -por ejemplo- podrían bastar para suspender el curso. En esta asignatura no debería haber otros exámenes que los exámenes de conciencia...

Hay que reconocer que todo esto suena bastante raro, pero por lo visto es lo que dispone el Concordato firmado con la Santa Sede. Supongo que por eso la sentencia del Tribunal Constitucional establece que "si la impartición en los centros educativos de una determinada enseñanza religiosa pudiera eventualmente resultar contraria a la Constitución, ya fuere por los contenidos de dicha enseñanza o por los requisitos exigidos a las personas encargadas de impartirla, lo que habría de cuestionarse es el acuerdo en virtud del cual la enseñanza religiosa se imparte, no la forma elegida para instrumentarlo". En efecto, es ese acuerdo lo que urge revisar (por cierto, se firmó en el año 1979 -como una herencia de la época franquista que por entonces más valía no meterse a discutir- y según creo sólo por tres años). Porque resulta por lo menos inusual que una materia figure en el programa de bachillerato no por decisión libre de las autoridades educativas sino como concesión a una entidad foránea. Además, ¿qué consideración institucional merece la Santa Sede? Si se trata de una autoridad eclesiástica, la cabeza de la Iglesia Católica, ¿por qué debe mantener con ella nuestro Estado no confesional un tratado especial y comprometedor? Si se trata de un Estado extranjero con todas las de la ley, es hora de recordar que en él no se respetan derechos fundamentales en lo tocante a la libertad religiosa, igualdad de sexos para acceder a cargos públicos, etc... En una palabra, es una teocracia al modo de Arabia Saudí y no parece por tanto la influencia más deseable en el plan de estudios de un país democrático. Ese Concordato venido del franquismo concuerda muy mal con nuestras instituciones actuales y muchos católicos lo reconocen abiertamente así. Aquí y no en otra parte está el verdadero problema y el auténtico escándalo.

El adoctrinamiento confesional, sea católico, protestante, musulmán, judío o lo que se quiera, no ha de tener lugar en la enseñanza pública, ni como asignatura opcional pero pagada por el erario público ni mucho menos como obligatoria. Defender así el laicismo indispensable para el funcionamiento democrático no es un tema menor y hoy menos que nunca. Desde la ultramontana Polonia, pasando por Bélgica, Italia o España y hasta la admirable Francia, ahora amenazada en el horizonte por las propuestas neointegristas de Sarkozy, es raro el país europeo que no padece conflictos con el regreso invasor de la mentalidad religiosa en el siempre vulnerable redil educativo. Entre nosotros, suele trivializarse el tema o convertirse en palestra partidista, en ambos casos al modo de la discusión sobre el nacionalismo. Para los pro-nacionalistas actuales, cualquier reivindicación de la unidad de España como Estado de Derecho es "rancia"... como si los derechos históricos impertérritos ante el paso de los siglos y la segregación étnica fuesen conquistas de la modernidad. También para los actuales abogados del clericalismo el laicismo es progresismo trasnochado y, según Rouco Varela, el ateísmo resulta decimonónico (por lo visto la transubstanciación eucarística y la resurrección final de los muertos es lo que más va a llevarse la próxima temporada). Otros pretenden que el laicismo es un perverso invento de Zapatero y sus adláteres, lo mismo que hay quien cree que denunciar el separatismo reaccionario (todos lo son) es una maniobra al servicio del PP o del tradicional fascismo hispánico. Quiero pensar que la mayoría de este país -aunque desde luego la menos estentórea- no vive políticamente empobrecida por semejantes tópicos sectarios.

Comentario TC.

Asunto: Artículo de Francisco Delgado sobre sentencia Constitucional

De cómo el Constitucional, sin pretenderlo, da la razón al movimiento laicista

Quienes contra viento y marea han venido denunciando la sinrazón de la permanencia de la asignatura de religión en la escuela, no deberían ocultar una satisfacción, al menos parcial, por el reciente Auto que da la razón a la iglesia católica en un supuesto de despido a una profesora de religión.

Durante mucho tiempo se ha venido minimizando y negando la existencia de un conflicto constitucional por el mantenimiento y potenciación de la enseñanza de la religión en las escuelas, apelando a una supuesta inocencia de dicha asignatura, se ha querido vender como una asignatura útil por su contenido histórico cultural, se ha conectado esta asignatura con la educación en valores. Se ha desinformado en fin, con la intención de esconder un evidente conflicto de dicha asignatura con el principio de aconfesionalidad del Estado.

Pero el Tribunal Constitucional, máximo garante de nuestros derechos, ha venido a decir verdades como templos (perdón por el símil), y a verificar que nada de inocencias y de enfoque histórico cultural, coincidiendo con lo que la sociedad laica afirmaba, y es que la enseñanza de la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos conocimientos, pues la capacitación para impartirla “implica un conjunto de exigencias” para adquirir la necesaria idoneidad, por lo que puede pedirse que “los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana”, es más, afirma que “la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quienes sean las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso constituye una garantía de libertad de las iglesias para la impartición de su doctrina sin injerencias del poder público”.

En definitiva, asume que la enseñanza religiosa es de contenido dogmático. Parece algo evidente, pero es importante remarcar la evidencia, con el fin de evitar ambigüedades.

Esta doctrina, de rango constitucional, nos lleva a dos conclusiones principales:

1) Que el Tribunal Constitucional otorga a la jerarquía eclesiástica poderes exclusivos que condicionan el ejercicio del derecho de libertad religiosa. Es decir, por encima de un derecho subjetivo que por definición pertenece solo a individuos, se permite que sea la jerarquía eclesiástica, quien en un supuesto ejercicio del derecho de libertad religiosa, pueda decidir quien actúa y quien no, dentro de un dogma, permitiéndole tomar decisiones y corregir a individuos en el desarrollo de su vida. Convierte a la jerarquía eclesiástica en dueña de las convicciones morales de sus fieles.

2) Que dado que el supuesto de hecho juzgado implicaba el despido de una mujer divorciada que mantenía relación de convivencia con otro hombre, y exigiendo la “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” de quienes imparten dicha asignatura, el Constitucional asume una realidad por la cual debe reproducirse, trasladarse e impartirse en las escuelas (incluso las no católicas) modelos morales que “desconocen”. Aunque ello lleve consigo la vulneración de los más elementales principios y derechos democráticos:

- Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

- Derecho a la no discriminación por razón de sexo, opinión, etc.

Tengamos claro de lo que estamos hablando: No es un problema de derechos laborales de un grupo de profesores. Lo que está en juego es el concepto mismo de laicismo y aconfesionalidad del Estado. Situémonos: Se trata de una resolución dictada por el Tribunal Constitucional de un país, España, donde los Ministros (de izquierdas o de derechas) aún acceden a su cargo jurando o prometiendo frente a un crucifijo y la jefatura del Estado e infinidad de cargos públicos, hacen ostentación de su catolicismo, en el desempeño de su función pública, como ocurría durante la Dictadura y en los siglos pasados, cuando la iglesia era el Estado mismo.

Pero la mejor virtud de esta Resolución, (aunque parezca una gran paradoja) es que constituye el primer paso para acabar con la asignatura de religión en la Escuela. El día que tengamos en este país los magistrados que un Tribunal como el Constitucional se merece, el principio de laicidad caerá sin contemplaciones sobre esta asignatura infame, acabará con los acuerdos Iglesia-Estado y pondrá límite a los privilegios y sistemas de financiación de la iglesia católica.

La sociedad civil debe clamar por su derecho a un estado laico, que no puede permitir que la escuela sea utilizada para proyectar dogmas de fe que, además, reproducen modelos discriminatorios que atentan contra nuestras leyes y nuestros derechos y valores democráticos.

Respecto al colectivo de profesores de religión, que aparecen en este asunto como presuntas víctimas, constituyen, sin que podamos obviarlo, un colectivo puesto a dedo por la jerarquía eclesiástica para impartir “docencia”, pagados por el estado, y que han accedido a un empleo público sin someterse a proceso alguno con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos por la propia Constitución. Lo que no pretenderán es que quienes propugnan con firmeza que la religión quede fuera de la Escuela, defiendan la posición de quien la imparte.

Se debe aplaudir el Auto en ese sentido, aunque sea con sarcasmo, pues deja claro que a los profesores de religión se les exige cumplir con una misión religiosa que se extiende a su vida privada, pues fue por la valoración que se hizo de su vida privada por lo que fueron “seleccionados”. Jugara con dos barajas es muy peligros, este colectivo ha luchado, codo con codo, con la Conferencia Episcopal y con la derecha más casposa, para que se mantenga la Religión en la escuela… defendiendo (a muerte) los Acuerdos con la Santa Sede. Ahora el TC les da “la razón” a una “sinrazón”, ya que en estos Acuerdos (de clara inconstitucionalidad) se cede a la jerarquía católica el derecho de velar por la “idoneidad” (dentro de los “valores” católicos) del profesorado que ellos decidan. Aunque ello signifique una clara vulneración de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Que nadie se engañe: La iglesia católica es lo que es. Y la asignatura de religión también. La cuestión principal reside en qué legitimidad constitucional puede tener la propia existencia de asignaturas de contenido confesionales y dogmáticos en la escuela. Los protagonistas no pueden ser el colectivo de profesores de religión. La protagonista solo puede ser la Escuela y los derechos de la infancia. Por lo tanto una asignatura que adoctrina y cuyo contenido discrimina, no puede formar parte del currículo escolar y del horario lectivo obligatorio, porque supone la traslación de un modelo discriminatorio que niega valores constitucionales.

Se quejan los más de 17.000 profesores/as de religión, a través de sus portavoces, -que el Constitucional les confunde con curas y monjas. Nos preguntamos: Cual será la diferencia, salvo que el cura adoctrina en su iglesia, mientras que el profesor de religión adoctrina en un centro educativo financiado con fondos públicos y donde, además, también muchas personas de ese colectivo son curas y/o monjas.

Ahora bien, que nos congratulemos por este gesto de honestidad del Tribunal Constitucional, no debe ser confundido, pues en el fondo esta Resolución transmite un lenguaje dogmático, mas propio de una sentencia canónica, que pone de manifiesto en lo que este Tribunal se ha convertido a día de hoy, por “obra y gracia” de nuestros gobernantes y sus cuotas de poder en la designación de los magistrados:

Una institución compuesta por jueces de adscripciones morales y políticas sin legitimidad jurídica alguna para interpretar la Constitución, al menos en esta materia.

Es muy llamativo que la Resolución ha sido dictada en Pleno, cuestión de extraordinaria importancia, pues ni un solo magistrado, ni siquiera del supuesto bloque progresista (serán también católicos), se ha propuesto cuestionar el Auto dictado, de modo que se atisbe al menos una esperanza de que en el futuro el modelo que la institución católica proyecta sobre las escuelas, sea calificado de inconstitucional.

No se puede explicar con la mínima coherencia exigible a esta institución, que en el desarrollo de su “doctrina”, el Constitucional haya pasado de largo sobre la cuestión principal, y es como el modelo moral y social propugnado por la iglesia católica, discriminatorio con la homosexualidad, que niega el derecho al divorcio, que niega el libre desarrollo de la personalidad del individuo, puede pasearse libremente por la escuela pública sin considerarlo una vulnerado explícita del artículo 14 de la Constitución, y el principio de laicidad y no confesionalidad del Estado.

Un reconocimiento expreso de que la enseñanza de la religión católica lleva implícito la negación a quien la imparte de sus más elementales derechos, modelo que debe ser proyectado y trasladado al alumnado, solo puede llevar a la conclusión de la inconstitucionalidad de impartir dicha asignatura en sede escolar, pues, además, vulnera objetivos que figuran en las leyes y normas educativas actuales. Nos preguntamos: ¿Qué va a hacer ahora el gobierno por un lado y el Parlamento por otro, ante ello?: Se va a mantener silencio o va a abordar el fondo del problema

¿Es posible que la actitud por la que el dueño de un establecimiento cualquiera no permita, por ejemplo, la entrada de un homosexual vulnere la Constitución y que al tiempo se permita adoctrinar en contra de este principio en las escuelas y con financiación pública?

Sin duda los magistrados del Constitucional creerán haberse ganado un cachito del cielo en el que al parecer deben tener depositada su fe. Algunos están ya mayores y puede que les vaya preocupando esta cuestión. Pero quizás en su particular cruzada cristiana no han pensado que en virtud del mismo modelo de libertad religiosa que defienden, los fondos públicos terminarán sirviendo para financiar el mismo modelo islámico que supuestamente nuestras sufridas tropas combaten en Afganistán.

Pero que no cunda el pánico, porque a la vista de los resultados la actual comunidad islámica en España es de lejos menos dogmática y radical que la cúpula del clero católico español, y parecen preferir las mezquitas a las escuelas para impartir su fe. Bien, ese debe ser el camino a seguir en un Estado Laico.

Por ello el Gobierno no “debería de mirar para otro lado”, como ha hecho hasta ahora. Aquí hay una importante responsabilidad política y se debe actuar en consecuencia: Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, separación absoluta Iglesia – Estado, fin de la financiación de la iglesia católica y religión fuera de la Escuela. Y, por favor que jubilen a esos señores y señoras del Constitucional, que total “ya se han ganado el cielo”, no vaya a ser que terminen “convirtiéndonos” a todos por la vía constitucional.

Francisco Delgado Alfaro.

Abogado

Francisco Delgado Ruiz

Fue Diputado Constituyente y en la actualidad es vicepresidente de Europa Laica