PREVARICACIÓN?

                                                        

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, encabezado por el edil díscolo de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, han denunciado por presunta prevaricación al edil socialista Joaquín Muriano. El edil díscolo de Izquierda Unida considera que su antecesor , Joaquín Muriano, presuntamente a prevaricado al conceder licencia de primera ocupación al Hotel Barceló y al Centro Comercial Tartessus, en el Novo Sancti Petri; porque una vez edificada las parcelas, los técnicos del Exmo. Ayuntamiento constataron un exceso de edificabilidad en los sótanos; en el caso del Barceló es de 2.919 metros más de sótanos y en el Centro Comercial de Tartessus fueron de 571 metros, también, de sótanos.

El edil Joaquín Muriano se defiende manifestando que visto los hechos y las circunstancias concurrentes se aplica el tratamiento administrativo habitual, que consiste en cobrar por dichos excesos ( bajo rasante, conocidos una vez finalizadas las obras) el importe de 2,251 millones de euros de beneficio; El Barceló paga 1, 8 millones de euros y el Centro Comercial 451.000 euros.

Hasta aquí los hechos sucintamente explicados. Unos consideran que es un delito de prevaricación y otro un acto administrativo. En cuanto al acto administrativo se refiere este queda subsanado con los importes dinerarios pagados. En cuanto, a la presunta prevaricación debemos hacer un pequeño análisis.

Si como manifiesta José Pedro Butrón y el equipo de gobierno de Chiclana existe un delito, la obligación primera de cualquier autoridad, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas, es restituir la legalidad. Por tanto, el equipo de gobierno, para restituir la legalidad, debe de revocar las licencias de primera ocupación concedidas, proceder al cierre de los establecimientos que nos ocupa e instar a los propietarios de estos al derribo del exceso de edificabilidad.

Los hechos se ven desde dos puntos de vista distintos. En el caso administrativo se piensa que no se ha dictado ninguna resolución injusta; quienes creen que no se ha cumplido con la legalidad vigente tienen la obligación de cumplirla, si mantienen la ilegalidad, si comenten resolución injusta, serán ellos, entonces, los presuntos prevaricadores. El Juez correspondiente dilucidara.